En recientes declaraciones radiales, Rossi aseguró que «es triste tener que defender en la Justicia la actividad histórica de los martilleros». Agregó: «Nuestra institución tiene más de 60 años de trayectoria. Este cambio no sólo ignora nuestro trabajo histórico, sino que también afecta directamente a los martilleros de la región, que siempre han colaborado con el municipio».

Lo que omite Rossi es que esa historia de 60 años, es terrible: sin ir más lejos, en una actitud de connivencia —o, quizás, complicidad— se permitió que en la ciudad de Mar del Plata operara durante años la Liga de Remates, una asociación ilícita que se encuentra investigada en la justicia por apretar, extorsionar y manipular decenas de subastas durante años para quedarse con bienes inmuebles a precios irrisorios. Tan involucrado está el Colegio de Martilleros con estas actividades ilícitas, que los martilleros que se encuentran investigados aún se encuentran activos en su registro de profesionales. ¿Esa es la historia que Rossi pretende que la municipalidad tenga la actitud de honrar?

En otra entrevista radial, el concejal Agustín Neme dejó en claro que es justamente esta lamentable trayectoria la razón por la cual se decidió buscar la asistencia técnica del Banco Ciudad para darle seguridad, transparencia y accesibilidad a las subastas, algo que Rossi sabe, pero que no admite públicamente. El Colegio de Martilleros es incapaz de ofrecer las mismas prestaciones técnicas que brinda el Banco Ciudad: una plataforma online segura, accesible desde todo el mundo de manera remota, y completamente transparente.

Ir a la Justicia para cuestionar esta decisión es de una hipocresía inusitada. Otra vez, el Colegio de Martilleros toma una actitud corporativa dejando de lado los intereses genuinos de la sociedad, que es que las subastas de estos terrenos tengan toda la seguridad, transparencia y accesibilidad posibles. En vez de admitir las limitaciones que tienen como institución, o su terrible historia, buscan forzar a través del brazo del servicio de justicia su participación en un acto público que no requiere, ni se beneficiaría de manera alguna, con la misma.

Esta situación se alinea con la actitud del Colegio de Martilleros frente a la aparición de las franquicias inmobiliarias, que les ofrecen a los profesionales del rubro una serie de herramientas que les permiten brindar un mejor servicio a sus clientes. Lejos de velar por los intereses de la sociedad en su conjunto, los martilleros sólo quieren cuidar su quintita e impedir cualquier mejora de cara a la sociedad, oponiéndose a tecnologías que permiten concretar ventas, alquileres o remates de manera más segura, ágil, accesible y transparente.

¿Se darán cuenta de que esta actitud anacrónica, de pretender que toda la actividad de bienes raíces en la ciudad se siga manejando como en el siglo pasado tiene fecha de vencimiento? Mientras tanto, se siguen gastando los recursos de todos en procesos judiciales infructuosos, como los que una y otra vez dan por tierra las sanciones que pretenden aplicar a los martilleros que no se comportan como ellos quieren, o este nuevo proceso judicial contra la comuna de General Pueyrredon que va a quedar en la nada, porque ningún juez va a fallar a favor de que un remate judicial se haga de manera menos segura, menos transparente, y menos accesible.

Quizás esperar a que se modernicen solos es pecar de optimistas. Va siendo tiempo de que algún otro martillero pase al frente y se anime a armar una lista opositora que le traiga sentido común al Colegio de Martilleros de una buena vez: que se suspenda el registro de aquellos martilleros que se encuentran cuestionados por la justicia, que se terminen las persecuciones contra quienes deciden usar herramientas más modernas para llevar adelante su oficio, y que se establezca un sistema transparente, seguro y accesible para desarrollar los remates que esté al nivel de lo que exige la sociedad en la actualidad.

Lo demás, es todo cháchara.