Para comprobar el nivel supremo de hipocresía que rodea a la constante persecución del Colegio de Martilleros hacia algunos —sólo algunos— de sus colegiados, basta con sólo mirar la página de la inmobiliaria Robles de Mar del Plata: edn la sección dedicada presentar a su equipo de trabajo, se puede comprobar que el director de la misma es un arquitecto y que en la nómina figuran ingenieros, arquitectos, abogados, pero apenas dos martilleros matriculados. Ni hablar de que varios de los empleados se identifican «brokers», un título que el Colegio de Martilleros se ha cansado de repetir que no existe. ¿Dónde están las sanciones, la persecución, los intentos de evitar que esta gente siga trabajando, suspendiéndoles la matrícula?
La ordenanza Nº 25.029 del partido de General Pueyrredon dice muy claramente en su texto: «Prohíbese la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas». Es decir, que las inmobiliarias sólo deben usar el nombre del martillero público matriculado a la hora de publicitar sus servicios. ¿El problema? No hay nadie con el apellido «Robles» trabajando en la mencionada inmobiliaria. «Robles» es, claramente, una marca.
A esto se suma además ahora la flagrante alianza con Sotheby’s International Reality, la cual se puede comprobar mirando las redes sociales de la inmobiliaria. En su cuenta de Instagram, la firma local ofrece varias propiedades a las que les suma el logo de la división de bienes raíces de la histórica casa de subastas del Reino Unido. ¿Cuál es la diferencia entre esto, y poner el logo de REMAX o Century 21? Ninguna, pero está claro que el Colegio de Martilleros no los va a denunciar públicamente, ni sancionarlos.
Lo que esto evidencia es que, tras el discurso vetusto y poco inteligente de que «las profesiones no se franquician», lo que hay es simple y llanamente una disputa comercial entre profesionales del mismo rubro que buscan utilizar las instituciones como el Colegio de Martilleros, no para asegurar un mejor ejercicio de la profesión, o proteger al público de posibles estafas, o impulsar la formación de los matriculados; sino para atacar, perseguir e intentar dejar fuera del negocio a martilleros honestos que han decidido utilizar las herramientas que brindan estas franquicias para mejorar el servicio que le ofrecen a sus clientes.
La forma de operar de la inmobiliaria Robles no tiene nada de malo, es hacia allí a donde apunta el negocio de bienes raíces a nivel mundial. Tampoco tiene nada de malo la operatoria de REMAX o de Century 21. El Colegio de Martilleros debe, de una vez por todas, abandonar esta cruzada deshonesta contra las franquicias y admitir que el negocio cambió, y adaptarse.
Como ya hemos señalado muchas veces en este espacio: si al Colegio de Martilleros le interesara de verdad el ejercicio honesto de la profesión, no le suspenderían la matrícula a los martilleros que trabajan con las franquicias, sino a aquellos que han sido acusados —y en más de un caso, condenados— por estafas.
Pero el lo que ellos buscan no es proteger a nadie más que a sus propios negocios. A ellos, sólo les importa su quintita.





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