La estúpida riña que llevan adelante los diferentes Colegios de Martilleros contra las llamadas «franquicias inmobiliarias» encuentra su capítulo más vergonzoso en la reacción que tuvieron —tanto aquel correspondiente al Departamento Judicial Mar del Plata, como el de la provincia de Buenos Aires— ante el fallo de la Cámara Civil y Comercial Nº13 de Mar del Plata que decidió que estaba bien que una martillera con título y que aparece como activa en el registro de profesionales, no pueda cobrar la comisión de un trabajo que realizó.

Dicho fallo sienta un precedente peligrosísimo para la profesión, ya que argumenta que, como hubo otras personas que colaboraron con la martillera en cuestión a la hora de llevar adelante su trabajo, entonces a ella no le corresponde cobrar sus honorarios.

¿Cómo puede ser que la institución que se supone que existe para defender los intereses de los martilleros salga a festejar un fallo donde es uno de estos profesionales quien sale perjudicado? El tema es que los Colegios de Martilleros están siendo utilizados, de un tiempo a esta parte, para llevar adelante una disputa comercial: algunos profesionales quieren evitar que sus colegas —gracias al uso de herramientas más modernas y a un trabajo de mejor calidad— les quiten clientes. Tanto es así, que ahora el Colegio piensa invertir $4.000.000 para lograr que este caso llegue a la Suprema Corte de Justicia, despilfarrando el dinero de los propios profesionales en una persecución sin sentido que, además, muchas veces termina generando fallos contrarios a los intereses de los propios dirigentes de la institución. ¿Alguien está llevando la cuenta de cuánto dinero de todos los martilleros se ha utilizado en esta guerra judicial estúpida?

Para ser muy claros: no existe ninguna diferencia sustancial entre una inmobiliaria que opere bajo el cartel de una de las llamadas «franquicias», y cualquier otra. En todos estos negocios hay un profesional martillero que es quien avala las operaciones, y hay otras personas que trabajan colaborando en diferentes tareas. Sin ir más lejos, es absolutamente poco frecuente que, cuando cualquier persona va a ver una propiedad, sea el martillero titular de la inmobiliaria quien se la muestre: por lo general, lo hace algún empleado. Con las franquicias sucede lo mismo, lo que pasa es que su modelo de negocios es más exitoso, y por eso quieren prohibirlas.

Que los Colegios de Martilleros salgan a celebrar este fallo es un absoluto despropósito. La ceguera por parte de los dirigentes es absoluta. Su función es la de proteger a los martilleros, no atacarlos. Todas las profesiones se modernizan, y esta en cuestión, no va a ser la diferencia.
Con estas decisiones, son los propios Colegios los que están propiciando la desregulación del mercado inmobiliario: la sociedad ya no tolera estos escenarios de marcada corrupción, de despilfarro de dinero público y de resistencia a la modernidad y la desburocratización.

No les queda mucho tiempo, el tema es cuánto daño pueden hacer —y cuánto dinero de todos los martilleros pueden despilfarrar— antes de que se queden sin el patético poder que por hoy ostentan.