Pablo Sebastián Salminici y Mario Castelao, ambos martilleros, al día de hoy aún aparecen como «activos» tanto en la web oficial del Colegio de Martilleros Departamento Judicial Mar del Plata como en la del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son? Dos de los principales implicados en la investigación judicial que se disparó a partir de las actividades de la banda conocida en nuestra ciudad como «La Liga de Remates».

En su discurso público, el Colegio de Martilleros sostiene que parte de su actividad está orientada a proteger al público de posibles estafas vinculadas con negocios inmobiliarios. Ese es uno de los argumentos más fuertes que la institución esgrime para oponerse a la actividad comercial de aquellos profesionales que deciden, como complemento de a su actividad, asociarse a alguna de las llamadas «franquicias inmobiliarias». Sin embargo, no existen casos resonantes de estafas perpetradas por profesionales que hayan adoptado esa modalidad de trabajo. A la hora de sancionar, el Colegio de Martilleros mira hacia otro lado cuando se trata de la Liga de Remates, pero redobla los esfuerzos cuando se trata de un martillero que decidió vincularse, por ejemplo, con REMAX.

Hace un tiempo nos dedicamos al caso de la martillera Gilda Clauso, a la cual los capítulos local y provincial del Colegio de Martilleros quisieron imponerle una inhabilitación de un año para la utilización de su matrícula profesional, lo cual fue impedido por la justicia. Ahora nos ocupa otro caso similar, el del martillero Ariel Martín Simone, a quien sus colegas pretendieron imponerle la misma sanción sobre la base de los mismos argumentos. La sentencia de los jueces Mora y Ucín vuelve sobre los mismos argumentos que en el caso de Clauso: en ninguna de estas circunstancias se pudo probar que las acciones netamente propias del corretaje inmobiliario hayan sido desarrolladas por otras personas que no sean los propios martilleros colegiados.

Llama la atención el empeño, la dedicación, y el despilfarro de recursos para seguir estas acciones que no representan bien alguno para la sociedad en su conjunto: no existen antecedentes de estafas inmobiliarias vinculadas con la actividad de estas franquicias, por lo que el celo de los Colegios de Martilleros claramente no responde a una búsqueda de preservar a los potenciales clientes, sino sólo a una mera disputa comercial. En cambio, en casos como los de Pablo Sebastián Salminici y Mario Castelao, en donde hay pruebas contundentes que permitirían una inhabilitación permanente para ejercer la profesión, estas instituciones no hacen nada.

Claramente, si el interés estuviera puesto en evitar las estafas, se ocuparían de los martilleros que estuvieron involucrados o incluso condenados por este tipo de delitos, pero no lo hacen.

La realidad, es que estos colegios profesionales han sido cooptados por individuos que los utilizan como herramientas para impulsar una disputa comercial, intentando cercenar la actividad de quienes, a través ya sea de las franquicias o de otras estrategias similares, buscan ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Están acostumbrados a quedarse sentados en sus oficinas, limitándose a colgar carteles y esperar a que los clientes caigan solos, cobrando fortunas por una mera mediación en la cual no defienden otros intereses que no sean los propios. Les molesta la innovación, les molesta que otros se esfuercen para hacer su trabajo de mejor manera, y a partir de allí, esgrimiendo argumentos falaces, utilizan el poder que tienen para no dejar trabajar a los demás.

No entienden que nuestro país ya inició un camino distinto, que va hacia la desregulación de todas las actividades comerciales. Si no se adaptan, van a desaparecer.

Y para la sociedad en su conjunto, en el fondo no va a cambiar nada.