En una actitud claramente intimidatoria, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires ha hecho circular un comunicado en las últimas horas en donde denuncian un supuesto sistemático ataque hacia algunos de los colegios y sus presidentes, y en donde hablan de «desinformación» y del concepto de la «posverdad».

Notoriamente, el propio comunicado es un excelente ejemplo de una campaña de desinformación, cuando el presidente de la entidad, el MCP Luis Eusebio Colao dice que mantienen su «firme voluntad de luchar contra las franquicias, las redes, los agentes y cualquier otra forma de ilegalidad que represente un riesgo para nuestra comunidad». Otra vez, pretenden instalar que la labor de las franquicias inmobiliarias es ilegal. Recordemos que, más allá de quién haga las gestiones previas, al igual que sucede con cualquier otra inmobiliaria, en el caso de las franquicias las operaciones siempre las cierra un martillero. No existen casos de personas que hayan sido estafadas por algún representante de una franquicia. No hay ninguna ilegalidad. Ese es un relato falso, una clara campaña de desinformación llevada adelante por los martilleros. No hay ningún «riesgo para la comunidad». Y es indignante que la institución que fue el principal cómplice de la Liga de Remates hable de «ilegalidad».

Recordemos que de las 511 subastas que se realizaron en Mar del Plata entre 2013 y 2020, 324 resultaron a favor de la «Liga de Remates». Es decir, dos de cada tres subastas. Seamos absolutamente claros: esas 511 subastas se realizaron en la sede del Colegio de Martilleros, y fueron oficiadas por algún martillero matriculado. La «Liga de Remates» en nuestra ciudad, se apropió de u$s10 millones de manera ilegal bajo la atenta mirada del Colegio de Martilleros Departamento Judicial Mar del Plata.

Si tan preocupado está el Colegio de Martilleros por la «legalidad» de las operaciones inmobiliarias, debería empezar por al menos sancionar o suspender a los profesionales matriculados que son miembros de la institución y que participaron de dichas operaciones. Pero no lo hace, porque la legalidad no le interesa a nadie: lo único que quieren, es hacer negocios.

La supuesta disputa con las franquicias no tiene nada que ver ni con la legalidad, ni con proteger a la comunidad de ningún riesgo, sino que es una disputa comercial: no quieren que otros actores sean parte del negocio que vienen manejando a su antojo hace años en connivencia con la política, que les sanciona ordenanzas a medida para así mantener una posición dominante en algo que es sólo un conflicto de intereses económicos y nada más.

La «posverdad» existe: un claro ejemplo, es el relato de que puede implicar algún tipo de riesgo canalizar una operación inmobiliaria a través de una franquicia. En este caso, se usa para darle una pátina de credibilidad a una institución vetusta que aún hoy, tras cuatro años de iniciada la causa judicial por la actividad de la «Liga de Remates» sigue sin darle explicaciones a la sociedad.

«Resistiremos unidos y firmes ante los desafíos presentes y futuros», cierra el comunicado, pretendiendo elevar la actitud mezquina de cuidar su quintita —en detrimento de los intereses de toda la sociedad y de sus propios clientes, impidiéndoles el acceso a herramientas más ágiles y prácticas a la hora de llevar adelante las operaciones inmobiliarias, instalando la mentira de que hacerlo implica alguna especie de riesgo— a la altura de alguna misión épica y heróica.

Victimización y relato, ejemplos claros de la comunicación en la era de la posverdad.