Que en la gestión que «lidera» —por decirlo de algún modo— el extraño binomio conformado por el senador provincial Guillermo Montenegro, quien es además intendente con licencia del Partido de General Pueyrredón, y el concejal Agustín Neme, quien en los papeles figura como intendente interino, se hace lo que quiere Florencio Aldrey Iglesias, dueño del Paseo Aldrey y del diario La Capital, lo sabe cualquier marplatense.

Tanto es así que, a pesar de que Montenegro había firmado en su momento un documento con remiseros y taxistas en donde se comprometía a no permitir la operatoria de las apps de transporte de pasajeros en la ciudad de Mar del Plata, bastó con que Cabify empezara a hacer publicidad en La Capital para que cesaran, en todo el ámbito del partido de General Pueyrredón, los operativos de control.

De la misma manera que, en su momento, el acuerdo publicitario entre Cabify y Florencio Aldrey Iglesias fue equivalente a la derogación de la ordenanza municipal nº 23.928, que fuera sancionada durante el gobierno de Carlos Fernando Arroyo y que prohibía la actividad de las apps de transporte en Mar del Plata, ahora la llegada de RE/MAX al Paseo Aldrey implicará en la práctica la derogación de la ordenanza municipal nº 25.029, que prohíbe la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas.

Que la evolución del mercado inmobiliario, la desaparición de los cuerpos colegiados y la consolidación de herramientas que permitan una gestión más ágil de las operaciones inmobiliarias sean cambios inexorables, que se van a terminar dando igual, tarde o temprano, no hace menos triste que las políticas públicas del municipio, en vez de acomodarse a lo que dicta el sentido común o la necesidad de los ciudadanos, corran detrás de los negocios de unos pocos poderosos que tienen a la mediocre política local comiendo de su mano.